La discusión en torno a si la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) podrá seguir operando en la nación centroamericana ha llegado a un punto inesperado: unilateralmente, el Gobierno de Jimmy Morales dio por terminada la cooperación con esa agencia de la ONU el pasado lunes (7.1.2019), un día después de que uno de los funcionarios de la CICIG fuera retenido durante horas en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala para impedirle la entrada al país. El Ejecutivo les ordenó a los demás trabajadores de la comisión abandonar Guatemala en un lapso de veinticuatro horas, que se vencía en el transcurso de este 8 de enero

"El Estado de derecho está siendo desmontado y el país está por ser testigo de un golpe de Estado frío”, sostiene Johanna van Strien, quien trabaja en Guatemala para la organización humanitaria no gubernamental alemana Brot für die Welt (Pan para el Mundo). La Justicia es el último de los tres poderes públicos que conserva cierto grado de independencia; de ahí que la situación en esa pequeña nación latinoamericana sea tachada de grave. Aparte del propio presidente, son muchos los parlamentarios que han sido acusados de corrupción y tienen interés en torpedear el trabajo de la CICIG. Morales dejó de apoyar a la comisión a mediados de 2017

Fue entonces cuando se le imputó el haber financiado ilegalmente su campaña electoral. "El presidente Morales quiere presentar la crisis actual como un problema entre él y yo; pero, para mí, este no es un conflicto personal”, dijo Iván Velásquez al hablar con DW en noviembre de 2018. "Los sectores afectados por nuestras investigaciones han decidido atacarnos frontalmente para entorpecer nuestra labor y detenerla”, agregó el jefe de la CICIG en aquella entrevista. Juristas arguyen que una cancelación unilateral de la cooperación entre el Gobierno y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala no es legal